VACUNEMIA

Ido Illa (tanta penitencia halle como desastre deja), sustituido por una señora tan poco ducha en cuestiones sanitarias como él, pero que resulta que ya era ministra de antes, sin que no lo supieran más que en su casa, preocupa el proceso de vacunación, que cojea, se arrastra, se incumple y se salta más que Sánchez los protocolos en las recepciones con el Rey.

Y no solo, como ya era previsible, porque el exministro del desastre no hubiera previsto el tema de las jeringuillas, que también. No, ahora resulta que estamos en manos de unos estafadores habituales, las farmacéuticas dueñas de las vacunas que, aunque han cobrado ya un pastón de la Unión Europea, con la que habían comprometido mil millones de dosis de vacunas, remolonean, incumplen plazos de entrega, subastan su producción a mejores clientes… Y nos tienen el ritmo de vacunación no en eléctrico be bop, sino en monótona, estática, aburridísima sardana, ya que estamos. Que es más ágil un chotis sobre una baldosa que la “marcha” a la que se nos está vacunando a los españoles, vamos.

Ya sabemos que, en general, las industrias de los medicamentos no han sido nunca un dechado de moralidad, fundamentos éticos ni compromiso social -digan lo que digan sus carísimas campañas de responsabilidad social corporativa-; pero en este caso de las vacunas contra una pandemia mundial, que intenten mejorar sus cuentas de resultados de modo tan miserable resulta tan pornográfico como arrancar los dientes de oro a una anciana agonizante.

Cuando Jonas Salk se negó a patentar la vacuna que acabó terminando con la poliomielitis y que le hubiera hecho ganar siete mil millones de dólares, su argumento fue categórico: “¿se puede patentar el sol?”. Bien, pues Médicos sin Fronteras, el pasado mes de noviembre pedía que los gobiernos del mundo apoyasen la petición de Sudáfrica y China ante la Organización Mundial del Comercio, para que mientras durase la pandemia (y dura, y dura…) se renunciara a ciertos derechos de propiedad, lo cual permitiría  no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19, hasta que se alcanzase la inmunidad de grupo.

Muchos de los países que ahora se lamentan de que Pfizer y Astrazeneca cambien sus políticas de producción y distribución de la vacuna por no otras causas que las comerciales, votaron en contra de la propuesta y ahora es el llanto y crujir de dientes. Menos en España, cuyo gobierno, abonado a la mentira hasta cuando pestañea, sigue afirmando contra toda razón y cálculo, que el setenta por ciento de los españoles estaremos vacunados para el verano. No se lo cree ni su caballo.

Lo que no entiendo es cómo los seguros médicos, la medicina privada de nuestro país, aún no han tomado la iniciativa de hacerse con las dosis necesarias y ofrecerlas a sus asegurados al precio que marque el mercado. Será porque, en toda esta pandemia, han optado por ponerse de perfil. Mi seguro médico me brea con correos electrónicos, mensajes de móvil y llamadas de teléfono para ofrecerme esto y aquello, desde la atención on line, hasta magníficas oportunidades en distintas ortopedias. Pero aún no me ha dicho qué hago, ni a dónde voy si tengo síntomas de COVID.

Y habrá que empezar en pensar que el acceso a la vacuna -en esto que ya no es una guerra contra la pandemia, sino comercial, porque se incumplen los protocolos, se saltan las colas los políticos y las farmacéuticas hacen de su capa un sayo-, debería poder tenerse desde la libertad de cada uno. No vaya a ser que el Gobierno adopte el programa de vacunación propuesto por el autodenominado Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19, impulsado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) y la Asociación de Entidades de Investigación de Cataluña (ACER) y decida que, antes de vacunarnos a usted o a mí en la séptima u octava fase, hay que vacunar a presos, residencias de refugiados o migrantes que veranean en los hoteles de Canarias; por delante incluso del personal esencial en transporte, educación, alimentación y, digo yo, peluquerías. Que, tratándose de este Gobierno y la indocumentada ministra colocada al frente de la pandemia, y viniendo de algo parecido a un Comité de expertos, tampoco sería de extrañar.