Sentencia Fiasco

La sentencia contra los alentadores y máximos responsables del “prusés” independentista de Cataluña, los que alimentaron la serpiente de la república inexistente, los que han enfrentado a catalanes con catalanes, a catalanes con el resto de españoles, es la plasmación, negro sobre blanco, de un fiasco anunciado, y no solo por la vergonzosa filtración.

No entraré hoy, apenas en mi poder los 493 folios de la sentencia, en valorar los hechos probados, los considerandos, el fallo ni las condenas; pero sí el por qué esta sentencia es un fiasco anunciado para quienes, juristas, políticos, periodistas, ciudadanos españoles todos, esperábamos que el Estado hiciera una demostración de fuerza contra quienes atentaron contra nuestro sistema democrático, contra nuestra unidad como nación, nuestra Constitución y nuestras leyes. Que lo hicieron, vaya si lo hicieron.

Un fiasco anunciado desde el 1 de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez se hacía con la presidencia del Gobierno, ganando la moción de censura contra Rajoy con el voto de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Quince votos que eran otras tantas hipotecas que Sánchez comenzó a pagar solo cinco meses después, el día en que la Abogacía del Estado, encargada de la representación y defensa en juicio, ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, del Estado, cambió su calificación del delito por el que iban a ser juzgados los independentistas catalanes y lo convirtió de rebelión en sedición.

O sea que estaban calificando la zapatiesta independentista del referéndum que no fue y todos sus alrededores como algo equiparable, en gravedad, causa de alarma y de violencia, y atentado a las bases de nuestro sistema democrático, a la huelga de controladores aéreos del puente de la Constitución de 2010, por poner un ejemplo.

No falta en mis aledaños quien culpa del fiasco al juez Marchena, que ha sido la cabeza visible de la acusación contra los delincuentes catalanes. Pero no, el fiasco, la decepción que sentimos todos los españoles por esta sentencia, cuando no la indignación, la rabia y el cabreo no es obra de otro que de Pedro Sánchez, que acostumbra con mucha soltura y ninguna vergüenza a utilizar los medios del Estado, desde el CIS hasta la Abogacía, para sus exclusivos fines e intereses, más personales incluso que partidistas, que ya estaría feo.

Sánchez tiene la manía, tirando a sátrapa, de pensar que, como es presidente de rebote (porque no ha conseguido serlo tras unas elecciones), todo cuanto el Estado ofrece y mantiene para su defensa en el orden constitucional que tenemos dado, debe servir para su mayor gloria y continuidad en las bicocas inherentes a su cargo.

Y si para ello ha de comprometer -como por otra parte hacen de soi los socialistas cuando están en el gobierno- la estabilidad presupuestaria de la amenazada economía española, con anuncios como el de la subida de las pensiones según el IPC, el sueldo de los funcionarios o el pago de las cantidades adeudadas a las Comunidades Autónomas (forzando de nuevo la mano a la Abogacía del Estado), se hace sin sonrojarse un momento siquiera.

Tendremos tiempo de valorar la sentencia y las condenas que recoge. Baste hoy reconocer que, por una vez, estoy de acuerdo con el títere presidente de la Generalitat. Esto ha sido una sentencia política. Pero no en el sentido en que él lo dice, sino precisamente en el contrario: una maniobra política, una manipulación de la justicia, en beneficio, otra vez (o eso cree él) del Doctor Fraude. Espero que los españoles lo recordemos dentro de cuatro semanas. Sí, el 10 de noviembre.