¿Qué pensiones?

Distraídos y preocupados como estábamos con la desaparición y asesinato del niño Gabriel Cruz (que pesará también mañana en el Congreso, donde se debate la derogación de la Prisión Permanente Revisable), parecía que el asunto de las pensiones y los jubilados hábilmente movilizados para salir a la calle había pasado a segundo plano.

Ahí va a seguir, salgan o no los pensionistas a vociferar, porque no es tema que tenga fácil arreglo, si no es desde una postura seria, responsable y común de los políticos éstos que nos hemos dado.

Y no existe tal postura, sino que, por el contrario, la cuestión se ha convertido en una lamentable subasta de ocurrencias, un mercadeo de propuestas a cual más ingeniosa y más irrealizable, quebrando el principio fundamental de aquel Pacto de Toledo de 1995 en el cuál los partidos más importantes, además de al “análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”, se comprometían a no utilizar la cuestión como arma política, o sea, electoral.

El sistema español de Seguridad Social no funciona, no puede funcionar. No puede hacerlo cuando el gasto se ha disparado un 56% en una década, pero los ingresos han crecido sólo un 7,5%. Los ingresos por cotizaciones no dan para pagar las pensiones, faltan unos 5.000 millones de euros.

Habrá que recordar que el sistema de la Seguridad Social español tiene su origen en 1900 en que comienza una etapa de definición prestacional e institucional que llegaría hasta 1962, para iniciar hasta 1978 una etapa de configuración normativa. Si desde 1978 la sociedad española ha cambiado, imagínense desde 1900. Lo mismo pasa con el Pacto de Toledo: si en 1995 ya se hablaba de “problemas estructurales del sistema”, piensen ustedes ahora, que hemos cambiado de siglo y han pasado casi un cuarto de centuria.

Desde prácticamente sus comienzos, a todos los Gobiernos se les ha ido en retocar, ajustar, reformar (“mejorar” no cuadraría aquí, vista la experiencia) el sistema, para hacerlo viable. Así ocurrió en 1985, 1992, 2002 y 2007. En 2010, el gobierno socialista llevaba la edad de jubilación hasta los 67 años. Poco después, Zapatero congelaba las pensiones.

El incremento de las pensiones en, al menos, un 0,25% es una iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la Ley 23/2013, Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. No implica que las pensiones sólo puedan subir en ese porcentaje, pero asegura que, ocurra lo que ocurra, se incrementarán cada ejercicio.

Así ha venido produciéndose incluso en los peores años de la recién superada crisis. Cuando  España estaba al borde del rescate económico, se incrementaron las pensiones. Se incrementaron -con la consiguiente ganancia de poder adquisitivo para los pensionistas- en 2014 y 2015, por la baja inflación. También en 2013 los pensionistas mejoraron su capacidad de compra, porque aumentaron un 1 % aquellas de más de 1.000 euros y un 2 % las inferiores, mientras que el IPC se situó en el 0,3 %.

Hoy se pide que las pensiones suban al mismo nivel que el IPC. No se hacía cuando la variación era del 0%, o incluso era negativa. Pero es difícil plantear un incremento, más allá del mínimo legal establecido, en ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado que calculen su viabilidad.

La solución del sistema está fuera del mismo: en la generación de empleo, en la incorporación de cotizantes que permitan mantenerlo. De otra forma, el único modo de pagar más en pensiones es, o bien implementar más impuestos hoy o acumular deuda, lo que significa más impuestos en el futuro. Como señalaba Marcos de Quinto, los pensionistas, en realidad, se manifiestan contra nosotros, los paganini de la clase media-baja trabajadora, de quienes saldrá el dinero si el Gobierno atiende sus reclamaciones.